Debido a los últimos eventos ocurridos producto del frente que hace algunos días afectó a nuestra región, la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes desea aclarar lo siguiente:

1.- La Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes es una organización privada, sin fines de lucro, compuesta por regantes de todo el Valle de Copiapó que tiene como misión “administrar, distribuir y controlar de manera eficiente las aguas superficiales del Río Copiapó y sus Afluentes, a las que tienen derechos nuestros socios. Promoviendo el desarrollo de proyectos que permitan un mejoramiento continuo en la conducción de los cauces, la infraestructura en las obras de arte y el fortalecimiento de las comunidades de usuarios. Velando por la sustentabilidad del recurso hídrico y aportando en la educación de futuras generaciones.
Sin embargo, como organismo con sentido de responsabilidad social, la JVRC se ha preocupado permanentemente de mantener los canales de comunicación abiertos a la población, especialmente en casos donde se ha visto en riesgo tanto la integridad de las personas como de sus bienes.
2.- Como organismo encargado de administrar y distribuir las aguas superficiales a la cuales tienen derechos sus socios, NO es nuestra facultad legal el monitoreo de quebradas, ni la protección civil. Es la Dirección General de Aguas. Así lo establece el artículo 304 del Código de Aguas, el cual especifica que el dicho organismo “tendrá la vigilancia de las obras de toma en cauces naturales con el objeto de evitar perjuicios en las obras de defensa, inundaciones o el aumento del riesgo de futuras crecidas y podrá ordenar que se modifiquen o destruyan aquellas obras provisionales que no den seguridad ante las creces. Asimismo, podrá ordenar que las bocatomas de los canales permanezcan cerradas ante el peligro de grandes avenidas. Podrá igualmente adoptar dichas medidas cuando por el manejo de las obras indicadas se ponga en peligro la vida o bienes de terceros”.
3.- Respecto a los trabajos en cauces, la JVRC no tiene autonomía y debe solicitar autorización a la Dirección General de Aguas en caso de requerir intervenirlos. Según establece el artículo 41 del Código de Aguas, “con
motivo de la construcción de obras, urbanizaciones y edificaciones que puedan causar daño a la vida, salud o bienes de la población o que de alguna manera alteren el régimen de escurrimiento de las aguas, serán de responsabilidad del interesado y deberán ser aprobadas previamente por la Dirección General de Aguas”.
4.- Como organismo privado, nos queda la tranquilidad de haber actuado con la anticipación que correspondía ante la situación del Embalse Lautaro, dando aviso a las autoridades sobre su eventual rebalse en enero del presente año, fecha en que además se implementaron medidas preventivas como el aumento en la descarga del embalse, la intensificación de las labores de limpieza de canales matrices y otras obras para preparar el sistema de distribución de las aguas ante un eventual aumento en los caudales.
5.- El estado del cauce del Río Copiapó ha sido una preocupación constante entre nuestros profesionales, al punto en que en diversas ocasiones se ha manifestado dicha situación a las autoridades regionales y comunales. Es más, en declaraciones realizadas en la edición del sábado 28 de enero a Diario Atacama, se señaló que se implementaban medidas preventivas para “evitar que el embalse llegue a su límite, sobre todo en esta época del año, ya que sabemos que aún la caja del Río Copiapó no se encuentra en condiciones óptimas para recibir un aumento de caudal como el de un rebalse que incluso en 1998 llegó a los 16 mil litros por segundo, causando estragos en Los Loros, San Antonio, Tierra Amarilla y Paipote”.
6.- Tal como en 2015, esta organización de usuarios ha apoyado permanentemente las labores de rehabilitación del cauce del río, así como de todo el sistema de distribución de aguas, que de forma permanente abastece a más de 1000 regantes de nuestro valle, cuyo sustento diario se ha visto nuevamente en riesgo luego de los embates de la naturaleza. Seguiremos también . Ttrabajando en conjunto con eel sector público a través del Ministerio de Agricultura, la ley 18.450 y con aportes privados provenientes del sector agrícola y minero en pos del Valle de Copiapó.
JUNTA DE VIGILANCIA DEL RÍO COPIAPÓ Y SUS AFLUENTES
MAYO DE 2017