En plena discusión en el parlamento, el proyecto de la reforma al Código de Aguas ha generado serios reparos entre los usuarios de aguas. Desconfianzas que, para algunos, tienen origen en los cambios relacionados a la propiedad de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas, modificación que podría provocar una expropiación sin pago de indemnización, dañando la confianza y la certeza jurídica que se requieren para concretar inversiones económicamente sostenibles en el tiempo.
Y, por cierto, la discusión sobre las reformas también ha provocado un proceso reflexivo entre los involucrados, quienes más que nunca creen en el fortalecimiento de las organizaciones de usuarios de aguas que, actualmente administran y distribuyen las aguas en nuestro país, construyendo, además, la infraestructura necesaria para desarrollar la gestión eficiente del recurso hídrico.
A continuación, las impresiones de Timothy Taffe, Presidente del Directorio de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes, sobre un proyecto polémico que va a seguir dando mucho qué hablar… y mucho que discutir.
¿Cuál es su visión general sobre la Reforma al Código de Aguas? ¿Es necesaria? ¿Tal como está, cree que sea útil?
La adecuada gestión del recurso hídrico solo se logra con la planificación e implementación de mejoras principalmente en infraestructura de acopio, de conducción de las aguas y en un intenso control de las aguas, considerando aspectos técnicos como lo son la medición, la transparencia y la confianza. Es necesario que pensemos en un proceso continuo generando una verdadera cultura del agua y no un cambio impuesto que, al parecer, no ha considerado realmente los impactos negativos para la economía del país que, por ejemplo, hace la sola alusión de cambiar la propiedad por la titularidad.
¿Qué cambios propondría?
Hay que tratar este tema muy seriamente, es necesario levantar una línea base. Antes de reformar, analizaría cuánto no hemos hecho técnicamente. Antes de modificar las leyes, tenemos que saber si contamos con las obras de acumulación, conducción, regulación y control tanto públicas como privadas para evaluar realmente si estamos usando de forma adecuada el agua.
¿Cuáles cree que son los tres errores más importantes de esta Reforma?
Primero el tema del reemplazo de la propiedad por la titularidad. Dado que para efectos de inversiones ya sea grandes (capitales extranjeros) o “pequeños” predios, siempre se necesita acudir a los bancos para financiar estos proyectos. Con este cambio será difícil conseguir financiamiento o se incrementarán los intereses por considerar un mayor riesgo y, sin duda, la tierra de los predios verá mitigado su valor.
Segundo: cambios ya establecidos en el actual código. El actual Código de Aguas es tan criticado ya que ha fallado no por su contenido sino porque no se han ejecutado como debiera, por ejemplo, en la forma de otorgar los derechos de aprovechamiento de las aguas o en sus prorrateos.
Tercero: las Organizaciones de Aguas, han sido históricamente -incluso antes de la vigencia de los diversos códigos de agua- las encargadas administrar y resolver los problemas entre los regantes, o debiendo -incluso- implementar obras e inversión para la correcta operación. Sin embargo, esta nueva reforma no considera un fortalecimiento real de estas organizaciones para que puedan ser una ayuda a la DGA, no se les toma en cuenta de forma concreta como, por ejemplo, que puedan optar a financiamiento para una operación más profesionalizada. Es un error que no se haya informado a las organizaciones de usuarios de la propuesta del proyecto, de sus alcances e impacto que tendrá en los dueños de derechos de aguas. No se ha considerado la opinión de los regantes.
¿Cómo afectará esta reforma a los agricultores?
Esperamos por el bien de la economía del país, de los trabajadores y sus familias, que la reforma sea al final un trabajo consensuado y que tome en cuenta nuestras aprensiones, pues solo así se logrará fortalecer la gestión del recurso hídrico.
¿Qué medidas podrían tomar los agricultores para reducir los efectos negativos?
Hoy, en tiempos difíciles, tratar de estar unidos y demostrar a la autoridad con hechos reales, cómo una reforma tan poco consensuada repercutirá en la economía de cada región y de su gente. Ya que la gran agricultura genera gran cantidad de empleos sobre todo en tiempo de cosechas y en la pequeña agricultura campesina, en muchos casos, es el único sustento familiar.
¿Cómo evaluaría el rol de este gobierno respecto del tema?
Es increíble lo difuso que resulta esta pregunta porque por un lado tenemos a los organismos técnicos como la CNR, INDAP, CORFO, entre otros, trabajando codo a codo con los agricultores, fortaleciendo un trabajo real y con visión de futuro. Y por otro lado, nos encontramos con estas propuestas más bien políticas Ideológicas, que bajo el amparo de “corregir errores admirativos anteriores”, no solucionan la problemática y tampoco han evaluado –reitero- los impactos y daños reales que esto puede provocar a la economía y a la vida de las personas.
¿Qué es lo peor y lo mejor de la reforma?
Lo peor: incertidumbre. Las reformas deben ser consensuadas, velando por los intereses económicos, medio ambientales y sociales en el largo plazo, para trabajar juntos en el progreso y futuro de nuestro país.
Lo mejor es que, por el momento, es solo un proyecto de reforma. Por tanto, aun se puede cambiar para promover el desarrollo de tecnologías y una adecuada gestión de las aguas.
