JVRC y Hacienda Manflas mantienen juicio por regularización de derechos de aguas

Luego de la reunión sostenida en el Consejo Comunal de Tierra Amarilla, donde la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes expuso, entre otros temas, la compleja situación que se vive con el Río Manflas, los consejeros de esa comuna decidieron reunirse en Hacienda Manflas, con el objetivo de medir caudales de ese afluente del Río Copiapó, dada la delicada situación de la cuenca.
Después de casi un año desde el último aforo, la JVRC pudo ingresar a medir caudales gracias a la intervención de los concejales de la comuna de Tierra Amarilla, quienes llegaron hasta el lugar. En ocasiones anteriores se había prohibido la entrada.
A juicio de la concejal Magaly Cortés Mercado, el ingreso “fue el primer paso importante ya que en una zona donde el recurso hídrico es escaso importante cada vez que la Junta de Vigilancia pueda hacer su trabajo”.
Desde el año 2007, la JVRC ha mantenido un juicio por la regularización de derechos de aguas superficiales del Río Manflas, con objeto de que no se siga entregando más agua de la que ya está establecida en la ordenanza de Policía Fluvial de 1875.
El conflicto se produjo cuando la agrícola Hacienda Manflas inició su etapa de regularización de aguas superficiales por 300 litros por segundo, para el riego de sus 250 hectáreas de cultivos de uva de exportación. Sin embargo, según la JVRC, corresponden solo a 144 acciones, las que equivalen a 24 horas con un quinto de río, cada 14 días, sujetas a turno y establecidas en los Estatutos de la JVRC, lo que corresponde a un caudal continuo de 4.2 litros por segundo, lo que dista de los 300 litros por segundo que aluden poseer desde tiempos “inmemoriales”.
La Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes, como organización de usuarios reconocida legalmente, tiene por objetivo la distribución y administración equitativa del recurso hídrico mediante sistemas de prorrateos de aguas, cuestión que permite hacer llegar su alícuota de agua a cada regante. La JVRC se financia a través de las denominadas cuotas sociales, compromiso que estos últimos años ha dejado de pagar la Agrícola Hacienda Manflas, manteniendo una deuda que supera los 20 millones de pesos por el no pago y mora de las cuotas sociales, demanda paralela vigente en contra de la Hacienda y que está radicada, en segunda instancia, en la Corte de Apelaciones de Copiapó.
Agrícola Hacienda Manflas Limitada, posee una explotación de 250 hectáreas de parrones, las que siempre habían sido regadas con derechos de aguas subterráneas y superficiales, pues la DGA constituyó derechos de aguas subterráneos por 40 l/s el año 1987, 66.75 l/s el año 1995, 80 l/s el año 1986, derechos que fueron vendidos. En la actualidad, posee una superficie plantada que requiere de riegos constantes y ante la imposibilidad de usar las aguas subterráneas que vendió, recurrió a los tribunales solicitando que se le reconozca un derecho -que jamás ha utilizado- por 300 litros por segundo en forma permanente y continua.
Desde el año 1875, los Derechos de aguas superficiales han estado sometidos a turno. En este caso, la agrícola pretende regar sus cultivos de forma continua y permanente sin someterse a las directrices que establece la JVRC a todos sus regantes.
La solicitud de los 300 litros por segundo que pretende regularizar Hacienda Manflas, provoca un perjuicio a todos los regantes, usuarios del Río Copiapó, ya que todos se ven afectos a un menoscabo en sus dotaciones de agua y, por ende, en su actividad productiva, salvo el caso particular de Hacienda Manflas, que ha utilizado las agua del Río Manflas para regar sus cultivos.
Desde el año 2008, la JVRC se ha visto impedida de controlar y medir caudales del Río Manflas, ya que se le ha negado el ingreso a la Hacienda Manflas, único acceso al Río. Debido a esto la JVRC mantiene un juicio para recuperar la policía y vigilancia de este Afluente, ya que no existe certeza de cuál es el real caudal del Manflas.
Preocupación en el Concejo
En este contexto, los concejales de la comuna de Tierra Amarilla manifestaron su preocupación frente a este insólito panorama, en que una empresa privada utiliza agua sin restricción y sin pagar las respectivas alícuotas.
A juicio del concejal Cristian Palacios García las autoridades deberían dar un paso más: “el Municipio debiese hacerse parte de esta demanda y conseguir que las aguas del río Manflas sean utilizadas también por otros regantes”. Además, destacó la importancia de la inspección en terreno: “El punto central de nuestra visita acá es poder cerciorarnos del caudal que trae el Río Manflas y del abuso en la utilización de las aguas que está haciendo el Fundo Manflas”.
Preocupación que es compartida por la concejal Loreto Campbell Cortés: “haber estado en terreno y ver la naciente del río, con la velocidad que viene el agua, la cantidad de litros que trae y ver que hacia la unión de los tres ríos hay una disminución del agua del río Manflas es preocupante, tanto como habitante, ciudadano y autoridad de la comuna”
Cabe destacar que la única medición existente se registra en la estación de Manflas en Vertedero, que es de propiedad de la Dirección General de Aguas. Sin embargo, es público conocimiento que por dicha estación no pasa el caudal íntegro del Río Manflas y que éste es intervenido kilómetros más arriba, haciendo imposible una correcta medición.
Respecto a la medición, el concejal Patricio Morales Pinto señaló que: “nos da la impresión que la DGA debiera tener una estación de monitoreo aguas arriba. Esta hacienda Manflas es un vergel y aguas abajo es todo seco en el Valle de Copiapó. Y agregó: “que un privado tenga alrededor de 300 litros por segundo, en desmedro de otros aguas abajo, no podría decir que hay una ilegalidad, porque los tribunales de justicia deben pronunciarse, pero debe darse una pelea para que esta agua le llegue a los demás regantes del Valle de Copiapó”.
En este contexto, a juicio del concejal Juan Carlos Díaz Valencia, la situación de Hacienda Manflas debe ser abordada por las autoridades comunales: “como Valle tenemos gente que no tiene ni un litro de agua ni para beber y, de acuerdo, a lo que nosotros hemos visto en terreno es muy preocupante y vamos a tener que trabajar en ello”.
Ante esta situación, queda en evidencia la particular situación de aprovechamiento económico por parte de un particular, quien pretende estar por encima de la ley solo por el hecho de estar situado en la cabecera de una de las nacientes de los tributarios del Río Copiapó. Una situación que, a todas luces, sigue siendo una tarea pendiente para la Justicia, y las autoridades políticas de una zona en constante crisis hídrica.