Estimada comunidad y autoridades,
La Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes (JVRC) informa a la comunidad y a las autoridades, tanto públicas como privadas, sobre la reciente suspensión de la solicitud de intervención presentada por la Dirección General de Aguas (DGA). Esta solicitud tenía como objetivo imponer cambios al interior de la organización de usuarios de agua. La decisión de suspensión del procedimiento por parte del Tercer Juzgado de Letras de Copiapó brinda a los regantes esperanza y respiro en medio de la actual controversia.
Es crucial destacar que, según nuestros abogados, las medidas «correctivas» propuestas por la DGA son erróneas e ilegales. Si se implementaran, afectarían de manera directa tanto a la agroindustria de uva de mesa como a la agricultura familiar campesina en el valle de Copiapó. Estas medidas podrían poner en riesgo la mínima seguridad de riego de la que dependen año tras año los agricultores del valle de Copiapó, reduciendo y restringiendo sus dotaciones de agua.
A lo largo de la historia de la JVRC, los regantes han demostrado ser una organización ordenada, organizada y consciente de la realidad del valle. Nunca ha habido reclamos o denuncias fundadas por parte de los regantes en relación con la distribución de agua por parte de nuestra organización. Esta trayectoria ejemplar subraya nuestro compromiso con la gestión responsable de los recursos hídricos.
Es esencial aclarar que los derechos de aprovechamiento de aguas superficiales del río Copiapó y sus afluentes, que la DGA pretende restringir, fueron otorgados mucho antes de la entrada en vigencia del actual Código de Aguas. Estos derechos tienen raíces históricas que se remontan a antes de la independencia del país. No son la causa ni contribuyen al problema que afecta a la cuenca del valle de Copiapó. El origen del problema se encuentra en el sobreotorgamiento indiscriminado de derechos de aprovechamiento de aguas subterráneas concedidos por la DGA en las décadas de los 80 al 2000, lo que resultó en la desaparición de diversas vertientes con el tiempo, entre ellas la del Pretil en la ciudad de Copiapó.
Gracias a la colaboración conjunta con las autoridades de la época, como la entonces Dirección de Riego (hoy DOH) y la Dirección General de Aguas, bajo la dirección del señor Nildo Pedemonte Locatelli, quien ostenta haber sido el Director con más años en el cargo, se trabajó incansablemente desde la gran sequía de 1968. El objetivo común siempre ha sido mejorar la gestión del recurso hídrico mediante la unificación de canales y la construcción de canales matrices. Estas iniciativas han sido fundamentales para llevar el agua a los regantes de la zona.
En los últimos años, este esfuerzo ha sido fortalecido gracias a la Ley de Riego 18.450 promovida por el Ministerio de Agricultura. Sin embargo, es lamentable que la actual DGA cuestione estos avances, incluso desconociendo los antecedentes históricos que respaldan nuestras acciones. A pesar de la persistente sequía y la ocurrencia de aluviones y crecidas a lo largo de los años, los agricultores y regantes en general han logrado mantener sus sistemas de riego y enfrentar exitosamente situaciones críticas de escasez hídrica.
Es importante señalar que los traslados de derechos de aguas superficiales, que motivaron la denuncia en el año 2019 por parte de un tercero (CASUB), fueron corregidos por la JVRC tan pronto como se notificó la denuncia. Además, los titulares de derechos han solicitado a la DGA el traslado del ejercicio de dichos derechos durante más de cuatro años sin recibir respuesta. La DGA condiciona estas solicitudes a la resolución de un conflicto que no está relacionado con los traslados de derechos de agua, lo que impide que los titulares puedan ejercer sus derechos sobre las aguas.
En la última Asamblea General extraordinaria de regantes realizada en 2023, la Asamblea, de manera unánime, ratificó el sistema de reparto, que ha estado en vigor durante más de 43 años. Además, en dicha instancia el mismo denunciante CASUB representada por el señor Carlos Araya, expresó su desacuerdo con la alicuota propuesta por la DGA, señalando que «el Q85 está destinado exclusivamente para inversiones y no para la distribución del agua, como incorrectamente lo utiliza la DGA en su alícuota». La CASUB, incluso, manifestó su disposición a colaborar con el grupo accionario que representa para impugnar la alicuota propuesta por la DGA.
La resolución del Tercer Juzgado de Letras de Copiapó reconoce la importancia de resolver la oposición presentada por la JVRC antes de aplicar medidas que podrían tener un impacto significativo en la agricultura del valle de Copiapó. Destacamos los siguientes puntos clave en relación con esta resolución y el conflicto en curso:
- Defensa de la Legalidad y Orígenes del Conflicto: La denuncia presentada por la Comunidad de Aguas Subterráneas Copiapó-Piedra Colgada y Piedra Colgada-Desembocadura (CASUB) no cumple con los criterios necesarios para ser considerada procedente.
- Límites de la Autoridad de la DGA: Mantenemos nuestra posición de que la DGA carece de las atribuciones necesarias para intervenir en la distribución de aguas de las Juntas de Vigilancia.
- Evaluación de Medidas: Cuestionamos la validez de las «medidas correctivas» propuestas por la DGA, que, según nuestro análisis técnico y legal, son incorrectas y contrarias a la ley en varios aspectos. La suspensión de la resolución proporciona tiempo para un examen más detenido de estas medidas y su impacto potencial en la agricultura y el desarrollo productivo del Valle de Copiapó.
- Proceso Legal Adecuado: Insistimos en que la solicitud de intervención de la DGA debe seguir el procedimiento sumario establecido en el Código de Aguas. La suspensión de la resolución refuerza nuestra creencia en la necesidad de un proceso legal justo y equitativo.
En conclusión, la suspensión de la resolución por parte del Tercer Juzgado de Letras de Copiapó es un paso importante hacia la resolución de este conflicto y la protección de los intereses de los regantes, especialmente de aquellos que no cuenta de fuentes alternativas de agua. Es en los tribunales de justicia donde esperamos poder defender nuestra posición, respaldados por argumentos legales y técnicos sólidos.
Durante años, como Junta de Vigilancia, hemos instado a diversas autoridades, incluyendo Presidentes, Ministros, Seremis y el Gobernador, a tomar medidas concretas para gestionar de manera más eficiente el recurso hídrico superficial. Esto incluye la construcción de un nuevo embalse o la reparación del actual. Lamentablemente, hasta la fecha, no hemos obtenido resultados en esta área, a pesar de que dichas acciones podrían generar un cambio significativo y sostenible en nuestro desarrollo.
Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con la gestión responsable y legal de los recursos hídricos en nuestra jurisdicción y continuaremos colaborando con las instancias pertinentes para garantizar una solución equitativa en este conflicto y asegurar una temporada agrícola exitosa para nuestros regantes.
JVRC Informe Jurídico y Técnico
