El año 2024, la OCDE dedicó un capítulo completo en el Informe de Desempeño Ambiental de Chile a la gestión del agua, tanto en gobernanza como en las políticas públicas enfocadas a este recurso.

Con más de 30 recomendaciones, destacaba una en particular: una reforma integral de la asignación del agua, con el fin de regular la sobreexplotación y la asignación excesiva de recursos, y definir con claridad los derechos de agua frente en este contexto.

Es decir, algo que pareciera básico a estas alturas. Saber cuántos derechos están otorgados, a quiénes y dónde. A casi 3 años de la publicación de la reforma al Código de Aguas ese dato no lo sabemos categóricamente aún.

Como país, nos encontramos en una situación paradójica: no podemos gestionar eficientemente lo que no conocemos. La falta de un registro actualizado y completo de los derechos de agua no solo representa un vacío administrativo, sino que obstaculiza la planificación estratégica de nuestros recursos hídricos. ¿Cómo podemos avanzar hacia una gestión moderna del agua cuando desconocemos la dimensión real de los derechos otorgados?

La propuesta de extender el plazo de inscripción hasta 2027 revela las profundas brechas que persisten en nuestro sistema. Los usuarios, especialmente en zonas rurales, enfrentan múltiples obstáculos: distancia física a los Conservadores, falta de acceso a plataformas digitales y una notable ausencia de información oportuna (a pesar de las consideraciones adoptadas en la reforma al Código a comunidades indígenas o pequeños propietarios INDAP, sobre todo respecto a la caducidad). Esta realidad afecta particularmente a usuarios antiguos y comunidades alejadas de los centros urbanos.

Sin embargo, la solución no radica simplemente en extender los plazos indefinidamente. Una prórroga de dos años parece excesiva y podría perpetuar la inercia actual. Un año adicional, con medidas concretas de apoyo, sería más efectivo. El verdadero nudo crítico no está en la Dirección General de Aguas, y por consiguiente en su publicación en el Catastro Público de Aguas, sino en el sistema de Conservadores de Bienes Raíces y su procedimiento de inscripción, que opera bajo un modelo anacrónico para las necesidades actuales.

Es urgente modernizar el sistema de registro acercándolo a los usuarios. Los Conservadores, piezas fundamentales en este proceso, carecen de la obligación de difusión y en muchos casos de las herramientas tecnológicas necesarias para una gestión eficiente. ¿Por qué no contemplar un sistema integrado que permita la inscripción en línea o puntos móviles de registro en zonas rurales? ¿Por qué no generar una coordinación con el nuevo Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA)? Se pueden evaluar formas de usar la tecnología para acelerar el registro y reducir los trámites burocráticos. No podemos permitir que la excesiva burocracia y la tramitación se eternice en el pasado, como ocurre con múltiples gestiones que deben realizarse en conservadores o notarías, obstaculizando la productividad en nuestro país y la necesidad de contar con mejor información para tomadores de decisiones.

La gestión del agua en el siglo XXI requiere certeza jurídica, pero también accesibilidad y eficiencia. Extender plazos sin abordar las barreras estructurales sólo posterga una solución real. Es momento de transformar este desafío en una oportunidad para modernizar nuestro sistema de registro de derechos de agua, garantizando que sea verdaderamente accesible para todos los usuarios, independiente de su ubicación o recursos.

El agua es demasiado importante para mantenerla en la incertidumbre. Necesitamos actuar con urgencia, pero también con inteligencia, para asegurar que nuestro sistema de gestión hídrica esté a la altura de los desafíos que enfrentamos como país.