Con relación a las declaraciones emitidas por la Diputada Daniela Cicardini en un video que ha circulado en redes sociales, en el cual se alude a la gestión de la Junta de Vigilancia del Río Copiapó y sus Afluentes, manifestamos lo siguiente:
- Negamos categóricamente las acusaciones de “saqueo” a las que se hace referencia. Tales afirmaciones carecen de sustento legal y fáctico, y afectan de manera injusta la imagen institucional de nuestra organización.
- La Junta de Vigilancia no es propietaria de derechos de aprovechamiento de aguas. Nuestra función, establecida por ley, es administrar y distribuir las aguas superficiales entre los titulares legítimos, conforme a sus derechos inscritos en el Conservador de Bienes Raíces y a las normas del Código de Aguas.
- Respecto a la supuesta “negativa” de entrega de agua, es importante precisar que la distribución se rige estrictamente por el marco legal vigente. La Junta no puede modificar unilateralmente el punto de captación de un derecho de agua, ya que dicha facultad corresponde exclusivamente a la Dirección General de Aguas (DGA).
- En el caso del Municipio de Copiapó, su derecho de aprovechamiento tiene como punto de captación un lugar específico en la comuna de Copiapó, aproximadamente a 5 km aguas arriba del Puente Kennedy, según su inscripción conservatoria.
- La solicitud actual consiste en que la Junta entregue dicho caudal en la comuna de Tierra Amarilla, lo que constituye un traslado de punto de captación.
- Para realizar dicho traslado, es indispensable contar con autorización formal de la DGA, de lo contrario se incurriría en un acto ilegal.
- Cabe recordar que en 2019 se presentaron denuncias por traslados no autorizados, lo que derivó en procedimientos administrativos y judiciales. Por ello, la Junta no puede repetir una acción que, en su momento, fue objeto de cuestionamientos e intentos de intervención.
- La Junta de Vigilancia no se opone a que el Municipio de Copiapó reciba el agua en la comuna de Tierra Amarilla, siempre que ello se realice dentro del marco legal vigente. Si la DGA emite una resolución que autorice el traslado, cumpliremos inmediatamente con dicha instrucción.
En consecuencia, reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos hídricos, en resguardo de los derechos de todos los usuarios del Río Copiapó.
